HIDROCARBUROS | ¿Por qué el canon petrolero no ha traído desarrollo y bienestar a las regiones productoras?
El canon y sobre canon petrolero ha significado en los últimos diez años para las regiones Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y Huánuco ingresos por S/. 9,370 millones, inyectados directamente a sus presupuestos, de acuerdo con el informe Desempeño del Sector de Hidrocarburos en el Perú (2008-2018-I) realizado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Esta cifra podría parecer una muy buena noticia, sin embargo a partir del 2015, debido a los bajos precios del crudo y las dificultades de la industria para atraer nuevas inversiones en exploración, los ingresos de esta fuente se han reducido a una tercera parte y la tendencia continuará a la baja si no se hacen los cambios requeridos para inclinar la balanza a favor de la productividad del sector, y las regiones continuarán perdiendo miles de millones de soles que finalmente irán a parar a otros países con la importación de combustibles.
Pero no sólo se trata de dinero fresco para las regiones, sino de procurar que este signifique verdaderamente desarrollo para las comunidades con recursos de hidrocarburos, a través de una ejecución eficiente y transparente, pero a la luz de los hallazgos aún están muy lejos de lograrlo.
De manera complementaria al informe económico de la SPH, la Asociación de Contribuyentes realizó un análisis del impacto social de las contribuciones económicas del sector hidrocarburos entre 2007 y el 2017 en Tumbes y Piura. El resultado reveló una relación entre los años de mayores aportes y la reducción de los índices de pobreza, pero en cuanto los aportes se redujeron debido a la depresión que afecta a la industria, la pobreza se incrementó.
Pero ¿por qué estas mejoras no fueron sostenibles? Parte de la respuesta está en un ineficiente uso de los recursos del canon. De la revisión del uso de estos fondos entre el 2016 y el 2018, en todos los niveles de gobiernos en Tumbes, poco más de la mitad (55%) se utilizó para financiar proyectos de inversión y el 45% restante se ejecutó sin ningún proyecto asignado.
De lo gastado sin proyectos, S/.82 millones —la cuarta parte del canon— se utilizaron en la contratación de servicios profesionales y técnicos, de mantenimiento y reparaciones, principalmente. Y lo que se dispuso para financiar proyectos, se atomizó en pequeñas obras que no generaron impacto sostenible en el bienestar y desarrollo. Exactamente lo mismo sucedió con el uso del canon en Piura.
El gobierno anunció una modificación de la ley del canon para garantizar más fondos a las comunidades productoras, aquellas donde se asientan las actividades de explotación de petróleo y gas. Pero no se trata sólo de repartir y darse media vuelta como ocurre ahora. Los gobiernos locales principalmente y los distritales en particular, necesitan de mucho apoyo técnico para formular los proyectos correctos y llevarlos adelante con eficiencia y el Poder Ejecutivo tiene allí una labor pendiente que no se anima a asumir, pero a la cual no puede seguir evadiendo.
Se necesita además de un adecuado control y fiscalización y en este punto la Contraloría General, a través de sus dependencias regionales, deben cumplir un papel fundamental en garantizar el uso correcto y adecuado de los recursos, pero desde una mirada colaborativa y de acompañamiento preventivo en primera instancia, para corregir lo necesario y que se haga mejor y no buscando el error con el ánimo de acusar y sólo contabilizar pérdidas por procesos mal hechos, errores y malas decisiones.
