IPE: Debilidad institucional agrava el avance de la minería ilegal y pone en riesgo el futuro del Perú

IPE: Debilidad institucional agrava el avance de la minería ilegal y pone en riesgo el futuro del Perú
Minería•Hoy miércoles 18/11/2026
Rumbo Minero (Rumbo Minero)

La debilidad institucional del Perú y la falta de decisiones políticas para enfrentar la minería ilegal representan dos de los principales problemas que dificultan el control de esta actividad, cuyo crecimiento económico ha incrementado los riesgos de influencia sobre las instituciones públicas y el futuro del país.

Así lo advirtió Stephani Maita, economista senior y especialista en Minería y Energía del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante una entrevista exclusiva para Rumbo Minero Central , en la que analizó las consecuencias económicas, sociales y políticas de la expansión de la minería ilegal.

La especialista sostuvo que esta problemática ha alcanzado una dimensión preocupante, debido a la capacidad de generación de recursos económicos que ha adquirido la actividad ilegal y a las limitaciones institucionales para enfrentar sus consecuencias.

“Yo creo que el riesgo es sumamente alto y pone en riesgo también el futuro del país, porque lamentablemente como instituciones tenemos bastante debilidad”, afirmó.

Maita consideró que el crecimiento de la minería ilegal no debe analizarse únicamente desde sus impactos ambientales o laborales, sino también por los riesgos que representa para la institucionalidad y la toma de decisiones públicas.

En ese contexto, advirtió que la capacidad económica alcanzada por esta actividad ha hecho más visible su posible influencia en la política, situación que, según señaló, podría extenderse a diferentes organizaciones políticas y niveles de gobierno.

Uno de los principales cuestionamientos de Maita estuvo relacionado con las limitaciones que enfrenta el país para controlar el crecimiento de la minería ilegal.

La economista explicó que esta actividad ha adquirido una capacidad de generación de recursos que incrementa los desafíos para las instituciones encargadas de enfrentarla.

Según su análisis, la debilidad institucional constituye un factor especialmente preocupante, debido a que puede dificultar una respuesta efectiva frente a los riesgos económicos y políticos asociados con la minería ilegal.

En ese sentido, sostuvo que el país necesita fortalecer sus mecanismos de control para evitar que las consecuencias de esta actividad continúen profundizándose.

Maita advirtió que la problemática no se limita a las operaciones extractivas ilegales, sino que también comprende el movimiento de los recursos económicos que estas generan.

Por ello, consideró fundamental conocer con mayor precisión la procedencia y el destino de dichos recursos, especialmente ante los riesgos de influencia sobre las instituciones públicas.

Para la especialista, la falta de capacidad institucional para enfrentar esta situación podría incrementar los costos económicos y sociales que actualmente genera la minería ilegal.

Durante la entrevista, Maita expresó preocupación por la creciente capacidad económica de la minería ilegal y sus posibles consecuencias sobre el sistema político peruano.

La especialista sostuvo que el tamaño alcanzado por esta actividad ha incrementado los riesgos de influencia en diferentes espacios de decisión pública.

“Porque la minería ilegal ha ganado tal tamaño y tal capacidad de generar recursos que ya empieza, digamos, seguramente lo hacían antes, pero ahora es bastante más notorio, empieza a infiltrarse en la política”, manifestó.

Según explicó, esta problemática podría tener un alcance más amplio que el de determinadas organizaciones políticas.

Si bien señaló que existen partidos más relacionados con esta situación, advirtió que los riesgos podrían ser transversales y extenderse a distintos sectores políticos.

Asimismo, consideró que la preocupación no debe concentrarse exclusivamente en las autoridades del Poder Legislativo.

Maita mencionó que también podrían existir riesgos en los gobiernos regionales y en las municipalidades provinciales y distritales.

La economista recordó que estas instancias desempeñan funciones relacionadas con la promoción de inversiones en sus respectivos ámbitos, por lo que la posible influencia de recursos provenientes de actividades ilegales constituye una preocupación para la institucionalidad.

En ese sentido, advirtió que la expansión económica de la minería ilegal representa un desafío que requiere atención en los diferentes niveles del Estado.

Otro de los factores identificados por la especialista fue la falta de decisiones políticas para afrontar el crecimiento de la minería ilegal.

Maita consideró que la persistencia de esta problemática responde, en parte, a la ausencia de liderazgo y a las dificultades para adoptar medidas que permitan contener su expansión.

“Creo que ha habido bastante indecisión política y liderazgo para poder afrontar este problema”, señaló.

La economista sostuvo que esta situación plantea una discusión sobre el modelo de actividad minera que el Perú busca promover.

En ese contexto, cuestionó que continúen desarrollándose actividades informales e ilegales caracterizadas por bajos estándares ambientales, empleo precario y problemas de seguridad.

“¿Queremos una actividad minera informal, ilegal, que se desarrolla, digamos, bajo estándares ambientales pobres, con empleo precario, que contamina, que también genera violencia e inseguridad […] o queremos una minería formal que genera recursos para inversión pública?”, planteó.

Maita consideró que esta diferencia debe formar parte de las decisiones que adopte el país para enfrentar la problemática.

Asimismo, destacó que la minería formal genera beneficios económicos y mantiene encadenamientos con otros sectores productivos, lo que permite ampliar sus efectos sobre la economía.

Desde su perspectiva, la ausencia de una definición clara sobre el desarrollo de la actividad minera contribuye a mantener un escenario en el que continúan profundizándose los riesgos asociados con la informalidad y la ilegalidad.

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Como parte de su análisis sobre las consecuencias económicas de la minería informal e ilegal, Maita destacó las diferencias entre los beneficios generados por las operaciones formales y las informales.

La especialista citó estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), según las cuales el impacto en ingresos de la minería formal es seis veces mayor que el de una operación informal en determinadas zonas del país .

“El impacto, por ejemplo, en ingresos de la minería formal es seis veces mayor del que genera una operación informal en determinadas zonas”, afirmó.

Maita explicó que esta diferencia refleja el potencial económico de la minería formal y los beneficios que el país podría aprovechar mediante el desarrollo de actividades que generan recursos para la inversión pública.

Asimismo, destacó que la minería formal mantiene vínculos con otras actividades productivas, lo que permite que sus efectos económicos se extiendan más allá de las operaciones extractivas.

En contraste, advirtió que las actividades mineras informales e ilegales pueden desarrollarse bajo condiciones que generan contaminación, precariedad laboral, violencia e inseguridad.

Para la economista, esta diferencia evidencia el elevado costo económico que representa no aprovechar plenamente los beneficios de la minería formal.

“El costo de oportunidad, como decimos los economistas, es bastante alto”, sostuvo.

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